Frente común con el taxi y contra la “uberización”

SURda

Opinión

España

 

Alfons Bech

 

La nueva huelga de taxistas del área metropolitana de Barcelona vuelve a plantear la necesidad de regular un sector donde el gran capital aprovecha las nuevas tecnologías para hacer un agujero a todo control político y social y llevar la competencia (desleal) hasta el límite: se eluden impuestos, se consolida precariedad, jornadas más largas y sueldos más bajos.

Lo hacen enfrentando sectores de la clase trabajadora del transporte, como son la gran mayoría de los taxistas, con conductores y conductoras de VTC (vehículos de alquiler con conductor), que también lo son. Se ha producido un importante movimiento de solidaridad con la huelga de los taxistas frente al gran capital de las empresas de VTC. La huelga de Barcelona puede abrir el camino a soluciones en otras ciudades que, como en Madrid, también tienen a los taxistas en huelga.

Esta auténtica "guerra comercial" tiene como trasfondo a un servicio público y a miles de familias de taxistas, endeudadas muchas de ellas para conseguir pagar el precio de las licencias municipales de taxi. Con un precio de reventa que baja cada día, dadas las perspectivas de incierto futuro del sector y que, por tanto, dejan de ser la "inversión" o el "plan de jubilación" que esperaban tener la mayoría de sus propietarios. Un futuro que, como muchos taxistas exclaman con contundencia: "¡Uber y Cabify nos están matando!"

Esta "guerra" se está extendiendo por todas las grandes ciudades del mundo. Y las VTC van ganando por ahora la partida. Pondremos algunos ejemplos: en Johannesburgo, el taxi ha quedado reducido al mínimo, mientras Uber se ha apoderado del mercado, con cerca de un millón de usuarios. En San Francisco, sede de las principales empresas del mundo de VTC, para 4.800 taxistas que quedan, hay 45.000 de Uber y Lyft. En Sao Paulo, en un año sólo, las empresas de VTC ya tenían más conductores que los taxis: 50.000 frente 38.000. En Nueva York, los famosos taxis amarillos han quedado reducidos a 13.500 mientras los VTC ya son 130.000.

En todas las ciudades los problemas son los mismos: invasión del gran capital, falta de regulación, competencia desleal, bajos sueldos, jornadas extenuantes, licencias-jubilación por el suelo.

Es falso que este tipo de "competencia" favorezca a los usuarios. En todo caso, sólo lo es en el primer momento, hasta que se apoderan del conjunto del mercado. Después los precios suben. La misma sobredimensión de vehículos de transporte crea una contaminación ambiental añadida y dificulta el tráfico en la ciudad. Los bajos sueldos y la desregulación con las que trabajan las personas -sin sindicatos, sin derechos-, no benefician a la ciudad. Es un sector que hace supernegocios gracias al neoliberalismo rampante, a la precariedad y los contratos-basura.

Pero ¿por qué no se regula este sector? Sin duda no es un problema fácil ante el poder del gran capital y legislaciones cada vez más laxas con él. Pero lo que está claro es que se debe regular. A pesar de que el propio Tribunal Supremo determinó que la proporción máxima entre VTCs y taxis fuera de 1/30, la realidad es que estas empresas se saltan o bordean la ley, aprovechan los huecos que le permiten los gobiernos y tienden a "comerse todo el pastel " -como hemos visto- con consecuencias nefastas para trabajadoras, ciudadanía y usuarios.

Si el Gobierno estatal no hubiera recurrido (y tumbado) la norma del Ayuntamiento de Barcelona, que en el mes de junio intentaba regular la concesión de licencias para el área metropolitana, ahora estaríamos en mejores condiciones. Pero el Ministerio de Fomento escribió una carta afirmando que el Ayuntamiento de Barcelona no tenía competencias y que era "ilegal" -cosa muy discutible- su regulación al inmiscuirse en una competencia exclusiva estatal. La situación es tan grave que otras ciudades ya están regulando, como Nueva York, que ha decidido limitar la concesión de licencias a las VTC durante un año. Y esto ha sido bien acogido incluso por los conductores de VTC, que ven como así sus sueldos pueden subir hasta un 23%, según un estudio de la Alcaldía de Nueva York. El presidente Sánchez como consecuencia de las huelgas ha traspasado una parte de las competencias a las autonomías.

Legislar a favor de la mayoría social, preservando el servicio público, debería ser el interés de los tres poderes: Estado, Generalitat y Ayuntamientos.

El gobierno estatal y la Generalitat deberían apoyar la propuesta de la alcaldesa Ada Colau de limitar estos servicios con una pre contratación de una hora. La Generalitat ha sido muy condescendiente con las VTC. Las administraciones juntas deberían impulsar nuevas tecnologías que faciliten y mejoren un servicio de transporte público como el taxi, con ayudas técnicas.

Hay que obligar a Uber y Cabify a respetar los derechos de su personal trabajador en lugar de aceptar su chantaje. Pero, lo haga o no el gobierno estatal, la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, deberían hacer un frente común ante Uber y Cabify.

 

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/frente-comun-con-el-taxi-y-contra-la-uberizacion

 

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